Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Justicia

DECRETO SUPREMO Nº 100

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el parágrafo I del Artículo 109 de la Constitución Política del Estado

determina que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente

aplicables y gozan de iguales garantías para su protección.

Que el parágrafo I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado dispone

que toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, digna, sin discriminación,

en condiciones equitativas y satisfactorias que le asegure para sí y su familia una

existencia digna. El parágrafo II del citado Artículo expresa que el Estado protegerá el

ejercicio del trabajo en todas sus formas. Asimismo, el Artículo 23 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, establece que el trabajo como una de las

actividades principales del ser humano, es un derecho y una obligación que no puede

estar supeditado a leyes, instituciones o instancias inferiores, que regulen su ejercicio.

Que el numeral 4 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado establece

que uno de los derechos de las bolivianas y los bolivianos es la libertad de reunión y

asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos. En ese mismo sentido, el

Artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que toda

persona tiene derecho a asociarse libremente; asimismo, el Artículo 16 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica

señala que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines

ideológicos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de

cualquier otra índole.

Que el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado expresa que todas las

personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e

instituciones se encuentran sometidas a la Constitución. En este marco, es función del

Estado Plurinacional de Bolivia, regular e implementar el registro público de

profesionales, a través de los órganos competentes del sector público.

Que el numeral 1 del Artículo 172 de la Constitución Política del Estado

establece que el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, debe cumplir y hacer

cumplir la Constitución y las Leyes.

Que en el gobierno inconstitucional del General de Div. David Padilla Arancibia,

quien encabezó una Junta Militar de Gobierno durante el periodo del 24 de noviembre

de 1978 al 08 de agosto de 1979, se aprobó mediante Decreto Ley Nº 16793 de 19 de

julio de 1979, erróneamente denominado “Ley de la Abogacía”.

Que para el registro de los profesionales, los Colegios de Abogados procedían

al cobro de matrícula, cuotas mensuales y otras percepciones irregulares, impidiendo el

libre ejercicio profesional de los abogados que no cumplían con dichos pagos. Aún más,

la habilitación del ejercicio profesional dispuesta por los Colegios de Abogados era

restringida a una determinada región, por lo que el abogado estaba obligado a realizar

pagos por reinscripción en los Colegios de otros distritos, en clara contradicción a los

derechos fundamentales, civiles y políticos establecidos en la Constitución Política del

Estado.

Que en el proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, se

aprobó el Decreto Supremo Nº 29783, de 12 de noviembre de 2008 con el objeto de

regular los cobros que realizaban los Colegios Departamentales de Abogados de los

nueve (9) Distritos Judiciales por concepto de obligaciones ordinarias y extraordinarias,

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así como recuperar la función social de los Colegios en la concepción de Gratuidad de

la Justicia; siendo necesario profundizar y dar continuidad a la construcción normativa

de este proceso.

Que en el marco de lo determinado en la Constitución Política del Estado, se

requiere incorporar mecanismos normativos que restituyan las garantías y el ejercicio de

los derechos fundamentales para el ejercicio profesional del abogado.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO) El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover el

ejercicio libre de la actividad profesional del abogado con título en provisión nacional,

mediante la creación de un Registro Público de Abogados a cargo del Ministerio de

Justicia.

ARTICULO 2.- (DISPOSICIONES GENERALES) I. Son abogados los que cumplen los

requisitos exigidos por la normativa vigente que regula la profesión.

II. El ejercicio de la abogacía es una función social al servicio del Derecho y la justicia.

Su ejercicio es una función pública de desempeño particular.

III. Está prohibido patrocinar una causa que previamente fue encargada a otro abogado,

sin que exista renuncia o autorización para la contratación de un nuevo abogado. Si el

abogado encargado de la causa no diere la autorización, con la debida justificación se

solicitará al Ministerio de Justicia autorización por escrito para la contratación de nuevo

abogado.

ARTÍCULO 3. - (REGISTRO PROFESIONAL) I. El Ministerio de Justicia elaborará,

organizará, actualizará y tendrá bajo su cargo un Registro Público de los Abogados del

país. En dicho registro se incluirá a los profesionales recién titulados y matriculados, así

como a los que se hubiesen titulado y matriculado en anteriores gestiones o que

estuvieran registrados en algún Colegio de Abogados constituido a la fecha.

II. Los abogados que en forma posterior a la vigencia del presente Decreto Supremo,

obtengan su título en provisión nacional, deben registrarse ante el Ministerio de Justicia,

entidad que procederá a la matriculación gratuita.

III. Los abogados que hayan obtenido su titulo en provisión nacional en fecha anterior a

la vigencia del presente Decreto Supremo, y que no se hayan matriculado en ninguno

de los Colegios de Abogados, deben registrarse ante el Ministerio de Justicia para su

matriculación correspondiente.

IV. Las solicitudes de registro de abogados en el interior del país, serán recibidas por

entidades o instituciones bajo la tuición o dependencia del Ministerio de Justicia, previa

delegación expresa.

ARTÍCULO 4.- (NÚMERO DE MATRICULA) El Ministerio de Justicia, a tiempo de

registrar al abogado otorgará la credencial con el número de matrícula profesional

correspondiente, que le habilitará para el ejercicio libre de la profesión en todo el

territorio boliviano, sin que sea necesaria la validación o ratificación institucional por

ningún colegio, asociación o gremio de abogados del país.

ARTICULO 5. – (REQUISITOS DEL REGISTRO) I. Los abogados, que no estén

registrados en un colegio, asociación o gremio de profesionales, deben cumplir los

siguientes requisitos para registrarse en el Ministerio de Justicia:

a) Carta de solicitud de registro al Ministerio de Justicia.

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b) Fotocopia simple del Título en Provisión Nacional.

c) Fotocopia legalizada de la Cédula de Identidad.

II. Una vez verificada la autenticidad del titulo en provisión nacional con las autoridades

correspondientes, el Ministerio de Justicia procederá a la entrega de la credencial al

abogado registrado, que contendrá el número de matrícula. El Ministerio de Justicia sólo

cobrará al profesional el costo de dicho documento.

III. El Ministerio de Justicia se reserva el derecho de exigir la presentación original del

Titulo en provisión nacional del abogado que se haya registrado, así como otros

documentos, cuando así lo considere necesario para fines de verificación.

IV. El Ministerio de Justicia, en acto público y formal procederá a tomar el juramento de

fidelidad a la Constitución Política del Estado, las Leyes del Estado y la Ética

Profesional.

ARTICULO 6.- (MATRICULACIÓN DE PROFESIONALES ANTERIORMENTE

AGREMIADOS) I. Las matriculas de Abogados que con anterioridad a la emisión del

presente Decreto Supremo hayan sido legalmente expedidas, surtirán todos sus efectos

por un plazo no mayor a cuatro (4) años calendario computables a partir de la

publicación del presente Decreto Supremo.

II. Sin perjuicio de lo señalado en el parágrafo anterior, el abogado registrado en algún

Colegio de Abogados, a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, podrá

registrarse en el Ministerio de Justicia, debiendo remitir la documentación señalada en

el parágrafo I del Artículo precedente, debiendo adjuntar fotocopia simple de la

credencial otorgada por el Colegio de Abogados con el fin de establecer los años de

ejercicio profesional.

ARTICULO 7. – (ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA) I. A efectos del

presente Decreto Supremo el Ministerio de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Elaborar, organizar y actualizar permanentemente, el registro de abogados en el

país, formando un expediente para cada profesional. Para tal efecto, contará con

el apoyo que requiera de los colegios, asociaciones u otros gremios, así como

de las entidades de educación superior públicas o privadas, quienes deberán

otorgar la documentación solicitada.

b) Vigilar el adecuado funcionamiento de colegios, asociaciones u otros gremios de

abogados y el cumplimiento del presente Decreto Supremo;

c) En el ámbito de su competencia, dar cumplimiento a las sanciones de los

Tribunales de Honor de colegios, asociaciones u otros gremios de abogados;

d) Aprobar periódicamente el arancel mínimo único de honorarios de abogados

propuesto por los colegios, asociaciones u otros gremios de abogados;

e) Conocer y resolver las denuncias por faltas éticas cometidas por los abogados

no asociados o afiliados a los colegios, asociaciones u otros gremios de

abogados y por los abogados que estando afiliados, asociados o colegiados,

cuando sus entidades correspondientes no cuenten con Tribunales de Honor,

conforme a reglamento aprobado por el Ministerio de Justicia.

ARTICULO 8.- (GREMIOS DE ABOGADOS) I. Los abogados podrán crear colegios,

asociaciones u otros gremios de abogados con el objeto de desarrollar y difundir la

práctica y el conocimiento de la ciencia del derecho.

II. Los colegios, asociaciones u otros gremios de abogados del país deben registrarse

de manera gratuita en el Ministerio de Justicia, quien reglamentará el procedimiento

respectivo, debiendo presentar una copia legalizada de su personalidad jurídica.

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ARTICULO 9.- (LIBRE AFILIACIÓN) I. La afiliación a un colegio, asociación u otro

gremio de abogados es voluntaria, ningún abogado está obligado a pertenecer a alguno

de ellos.

II. El profesional abogado tiene la libertad de asociarse o agremiarse con fines lícitos en

cualquier colegio, asociación u otro gremio de abogados, y el derecho a renunciar a su

afiliación, asociación o gremio, salvo que haya sido denunciado o sancionado por

infracción a la ética, por competencia desleal y/o que tenga obligaciones pendientes en

el colegio, asociación u otro gremio de abogados en el que se haya afiliado o asociado.

ARTICULO 10.- (PRECEPTOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS GREMIOS DE

ABOGADOS) Los colegios, asociaciones u otros gremios de abogados, sin contravenir

las disposiciones del presente Decreto Supremo, aprobará sus propios estatutos y

reglamentos, en el marco de lo dispuesto en el Titulo II, capitulo I y II del Código Civil,

los que deberán incluir, como mínimo, lo siguiente:

a) Que la Asamblea de asociados sea su máxima autoridad;

b) Que sus actividades no tengan finalidades político-partidarias o religiosas;

c) Enumeración de las causas de suspensión o exclusión de sus miembros.

ARTÍCULO 11. – (OBLIGACIONES DE LOS GREMIOS DE PROFESIONALES

ABOGADOS) Los colegios, asociaciones u otro gremio de Abogados, aplicarán el

presente Decreto Supremo y su Reglamento y tendrán los siguientes deberes

fundamentales:

a) Fomentar la superación profesional de sus miembros, sin discriminación alguna;

b) Promover la aprobación de leyes, reglamentos y sus reformas, relativas al

ejercicio profesional;

c) Precautelar los derechos de los usuarios de los servicios profesionales de sus

agremiados;

d) Representar a sus profesionales agremiados ante las autoridades públicas y la

comunidad en general;

e) Coadyuvar al Ministerio de Justicia y a las autoridades constituidas por ley para

el cumplimiento del presente Decreto Supremo;

f) Defender y proteger el ejercicio profesional de aquellos que la ejercen

ilegalmente;

g) Establecer relaciones académicas, profesionales, culturales, económicas,

sociales y de colaboración con los gremios similares del país y del extranjero;

h) Ejercer el arbitraje en los conflictos entre los profesionales y sus clientes,

cuando unos y otros acuerden someterse a dicho arbitraje;

i) Elaborar listas de peritos profesionales clasificados por especialidades que

puedan servir a las autoridades. Copias de estas listas se enviarán al Ministerio

de Justicia para hacerlas llegar en su caso a las autoridades competentes;

j) En el ámbito de su competencia, ejecutar las sanciones que ordenen las

autoridades correspondientes, referidas a la suspensión o privación del derecho

a ejercer la profesión;

ARTÍCULO 12. - (SUPRESIÓN DE COBROS Y REQUISITOS INNECESARIOS).- I. Se

suprime en todo el territorio boliviano, el cobro que realizan los Colegios de Abogados

por el sellado, timbres y valorados en memoriales de trámites, demandas, denuncias,

querellas, o peticiones nuevas que presentan los ciudadanos en las oficinas de la

administración pública y privada, por lo que no deberán ser exigidos como requisito de

admisión.

ARTÍCULO 13. - (LIMITACIONES PARA COBROS DE OBLIGACIONES EN LOS

GREMIOS DE PROFESIONALES ABOGADOSG).- I. Queda terminantemente

prohibida la utilización de agentes de retención en las oficinas públicas, autárquicas o

semi autárquicas donde existe prestación de servicio de abogados.

ARTICULO 14. – (OBLIGATORIEDAD EN PRESTAR INFORMACION) Con la

finalidad de contar con una base de datos que contribuya a la verificación de las

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solicitudes presentadas, el Ministerio de Justicia solicitará a los colegios, asociaciones u

otro gremio de abogados, los datos y la documentación referida a los abogados que

hayan registrado hasta la fecha de vigencia del presente Decreto Supremo.

El Ministerio de Justicia solicitará al Sistema Universitario Boliviano la lista y/o

documentación referida a los títulos en Provisión Nacional de abogados, otorgados en

anteriores gestiones así como los que sean otorgados a partir de la vigencia del

presente Decreto Supremo.

ARTICULO 15. – (VIGENCIA DEL REGISTRO PÚBLICO Y MATRICULACION). A

partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el registro en el Ministerio de

Justicia es el único requisito exigido para habilitar el ejercicio libre de la profesión de

abogado en todo el territorio boliviano, la credencial con el número de matricula tiene

validez en todos los trámites judiciales y otros en los que se requiera los servicios de un

abogado.

Las entidades públicas jurisdiccionales o administrativas del Estado Plurinacional de

Bolivia, están obligadas al cumplimiento del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. – Los procesos en curso instaurados por los

Tribunales de Honor de los Colegios de Abogados, a la fecha de la publicación del

presente Decreto Supremo, deberán proseguir hasta su conclusión.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. – Los colegios, asociaciones u otros gremios de

abogados, adecuarán la organización y funcionamiento de sus Tribunales de Honor a lo

establecido por el Titulo Segundo Sección Primera del Decreto Supremo Nº 26052 de

19 de enero de 2001, denominado “Código de Ética Profesional para el Ejercicio de

Abogacía”, en lo relativo al conocimiento y resolución en primera instancia de las

denuncias presentadas en contra de abogados por infracciones éticas.

Los procedimientos para conocer y sancionar a los abogados por infracciones éticas, se

sujetará a lo establecido en los Artículos 39 al 72 del Decreto Supremo Nº 26052, que

serán de cumplimiento obligatorio para los colegios, asociaciones u otros gremios

creados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. – El Ministerio de Justicia reglamentará lo

dispuesto en el presente Decreto Supremo, en el plazo de treinta (30) días,

computables a partir de su publicación.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIÓN ABROGATORIAS. Se abrogan las siguientes disposiciones.

- Decreto Supremo Nº 11782 de 12 de septiembre de 1974.

- Decreto Ley Nº 16793 de 19 de julio de 1979

- Decreto Supremo Nº 26084 de 23 de febrero del 2001.

- Decreto Supremo Nº 29783 de 12 de noviembre de 2008

DISPOSICIONES DEROGATORIAS. Se derogan los Artículos 9 y 10 del Decreto

Supremo 26052 de 19 de enero de 2001.

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

La Señora Ministra de Estado, en el Despacho de Justicia queda encargada de la

ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

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Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil nueve.